El gobierno del Reino Unido está introduciendo nuevas regulaciones amplias que prohibirán a los organismos del sector público y a los operadores de infraestructuras críticas nacionales pagar rescates a ciberdelincuentes. Esta medida llega después de un aumento en los ataques de ransomware de alto perfil dirigidos a instituciones británicas, incluido el NHS y grandes minoristas. Las nuevas medidas también requieren que las empresas privadas notifiquen a las autoridades antes de realizar cualquier pago de rescate, con el objetivo de interrumpir el modelo de negocio de las bandas de ciberdelincuentes. Los funcionarios esperan que estas estrictas reglas disuadan los ataques y protejan mejor los servicios esenciales, aunque algunos expertos advierten sobre posibles lagunas y desafíos en la aplicación. La política ha recibido un fuerte apoyo en consultas públicas y marca una de las posturas más duras contra el ransomware a nivel mundial.
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